Presentando informes jurídico – técnicos así como estudios económicos y tributarios que acreditan no sólo la legitimidad y legitimación de los propietarios para el libre y pacífico ejercicio de su derecho sino la necesidad de reforzar la protección de esta figura en base a la elevada carga tributaria y a las ingentes aportaciones económicas de los propietarios inmobiliarios al erario público por causa de la adquisición, tenencia, transmisión o sucesión hereditaria de bienes inmuebles, ya sean éstos en forma de impuestos, tasas, IBI y contribuciones generales o especiales y otras.
Promoviendo iniciativas particulares para la promulgación de leyes y reglamentos que refuercen la posición jurídica de los propietarios frente a la ocupación ilegal y otras situaciones similares, garantizando su defensa personal y colectiva ante la conflictividad social y habitacional que se manifiesta cada vez con mayor crudeza.
Exigiendo el reconocimiento y protección del valor financiero e hipotecario de los inmuebles, hoy prácticamente extinguido a consecuencia de la inseguridad jurídica a la que están sometidos.
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