Las claves del portazo de los inversores al 'megaconcurso' de Sareb: situación política, rentabilidades bajas y un mal diseño

El pasado jueves, Sareb confirmó que no había recibido ninguna oferta en la primera fase del Plan Viena, el 'megaconcurso' de colaboración público-privada con el que 'banco malo' quería desarrollar hasta 3.770 viviendas destinadas al alquiler asequible en diferentes regiones españoles. La situación política, la incertidumbre material sobre el futuro de Sareb, las ubicaciones de los activos y la potencial demanda han sido alguna de las claves que explican el portazo que han dado fondos de inversión y promotores a la empresa pública.
La compañía participada mayoritariamente por el Frob licitó el pasado mes de octubre la primera fase de este plan, que consistía en ceder a empresas privadas el derecho de superficie de 50 suelos durante 80 años, las cuales debían construir las viviendas y alquilarlas a precios asequibles, obteniendo su rentabilidad de las rentas. Al menos diez potenciales inversores lo analizaron, pero sentenciaron que el programa, que fue diseñado y orquestado desde la 'big four' PwC, no era lo suficientemente rentable. "No salían los números" o "no era atractivo" es el resumen que realizan algunos de los inversores consultados por este periódico.
Este fracaso ha ocurrido a pesar de contar con una línea preaprobada de 600 millones de euros financiación 'blanda' (a tipos bajos), garantizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El interés era real, ya que en el Portal de Contratación del Estado se registraron hasta 40 consultas sobre el proyecto y sus pliegos. Incluso, para darle mayor difusión PwC llegó a organizar un 'road show' (poco exitoso) en Londres, con el fin de recabar inversores interesados en acudir al plan.
El diseño del plan
El Plan Viena incluía 50 suelos con capacidad para albergar alrededor de 3.770 viviendas en 39 municipios diferentes, que se repartieron en siete lotes diferentes en función del ámbito geográfico. El más pequeño de todos, el correspondiente a Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, requería una inversión de al menos 39 millones de euros y el más grande de hasta 109 millones. Varias fuentes consultadas consideran que el tamaño de estos era excesivamente grande, algo que ha expulsado a algunos capitales, como pequeños patrimonialistas o promotores locales.

