Los abogados de Barcelona, Madrid y Málaga plantean desalojos en 48 horas contra la ocupación ilegal

Ian Mateu • 29 de enero de 2025

Los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han detallado este martes su receta para combatir la ocupación ilegal de viviendas: cambios legislativos para que, entre otras cosas, los jueces puedan dictar desalojos exprés, en un plazo máximo de 48 horas, contra quienes ocupen un piso sin tener un título habilitado para ello. La amplia propuesta de reforma legal, que los abogados confían en que sea adoptada por los partidos políticos, parte de la premisa de que las leyes en vigor no son satisfactorias porque la devolución de las viviendas a sus propietarios “se demora de manera extraordinaria”.


Los abogados consideran que la ocupación se ha “multiplicado exponencialmente” en los últimos años y que preocupa a la ciudadanía. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos en toda España, entre usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada (las dos modalidades con las que el Código Penal castiga la ocupación). Cataluña acumula el 41% de los casos. La cifra global es inferior a la del año pasado (16.765 denuncias), aunque la tendencia ha sido ciertamente creciente en los últimos 15 años: en 2010 se registraron apenas 2.702.


El allanamiento de morada es el delito más grave, y ocurre cuando alguien ocupa una casa habitada o una segunda residencia. Es, también, el menos habitual: supone apenas un 5% de las ocupaciones ilegales. Los abogados proponen que ese delito deje de ser competencia del jurado popular para adaptarlo a la reciente ley de medidas de eficiencia en la justicia aprobada por el Gobierno. La segunda modalidad, la más habitual, supone un delito leve: la usurpación de vivienda, que persigue la ocupación de edificios o locales desocupados. Y es ahí donde los colegios de Barcelona, Madrid y Málaga han centrado sus propuestas.


Los letrados instan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la usurpación se ventile “por los trámites del juicio inmediato”. Eso permitirá al juez de turno, razonan, adoptar una medida cautelar urgente de desalojo en el momento de celebración del juicio. El ocupante tendrá 48 horas para acreditar la posesión del inmueble y, si no lo hace, será expulsado de manera “inmediata” y obligado a devolver la vivienda. Los abogados recuerdan que otros países del entorno europeo (Holanda, Francia, Reino Unido, Italia) disponen de mecanismos similares que agilizan los desalojos. La medida evitará que los ocupantes se “perpetúen” en la vivienda y que se utilice “el argumento de vulnerabilidad para conseguir la suspensión del lanzamiento”.


La posible situación de vulnerabilidad de los ocupantes no es, han insistido los abogados, asunto del propietario. Es la Administración la que debe procurar un techo a esas personas si lo considera necesario. Y, aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, no se puede pretender que la solución a los problemas de falta de vivienda recaiga en los propietarios, según lo ven los abogados. “La ocupación no es un derecho en ningún caso”, ha afirmado el decano del Ilustre Colegios de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, que acoge estos días el segundo congreso sobre ocupación ilegal. “La idea del primer congreso es que no hubiera un segundo, y la del segundo será que no haya un tercero”, ha bromeado el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, sobre la posibilidad de que las formaciones políticas adopten las propuestas legislativas que se están planteando.


Más poder a los vecinos

Los colegios profesionales distinguen entre dos situaciones. Una cosa son los procesos para desalojar a un inquilino que, por ejemplo, ha dejado de pagar la renta; en esos casos, los propietarios han de acreditar el incumplimiento del contrato. Otra muy distinta, razonan, son los procesos para expulsar a quienes nunca tuvieron derecho a estar en la vivienda. Los abogados creen que “no se puede equiparar el régimen jurídico” de ambas situaciones. Por eso, proponen modificar artículos de la legislación civil que “imponen condiciones adicionales que retrasan y complican” las demandas para recuperar esos inmuebles ocupados sin título. Plantean suprimir el trámite de acreditación de la vulnerabilidad, una medida que, aunque “busca proteger a colectivos vulnerables”, se aplica de forma “indiscriminada”, por lo que “se ha convertido en una herramienta utilizada para dilatar injustificadamente los procesos”.


La propuesta pasa también por reformar la ley de propiedad horizontal y el Código Civil de Cataluña para permitir que la comunidad de propietarios pueda pedir el desalojo de un inmueble ocupado si el propietario no lo hace.

Por Ian Mateu 15 de abril de 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto en su punto de mira a herencias y a herederos . El pasado lunes, el líder del PSOE compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda , aunque una parte de su discurso se lo dedicó a las casas que los padres legan a sus hijos tras su fallecimiento. En plena escalada de precios de la vivienda y tras 6 años de mandato, Sánchez presentó 12 medidas inmobiliarias para intentar solucionar un problema causado, principalmente, por la falta de oferta . Sin embargo, el plan de Sánchez gira en torno a más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas liberticidas, lo que no augura ninguna solución.  Amenaza velada a las herencias Dentro de sus propuestas relativas a la vivienda, en el discurso de Sánchez llamaron la atención unas declaraciones que ya han sido interpretadas como una amenaza velada a los herencias. "Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales, económicas y políticas que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas" señaló Sánchez. "Y si no lo hacemos, la sociedad europea y española va a acabar dividida en dos clases de personas: las que reciben una o varias casas de sus padres , y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a formarse o viajar, y las que se pasan la vida trabajando para pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven" añadió. Alrededor de esta reflexión de Sánchez surgen numerosas incógnitas. Las principales son ¿cómo piensa evitar el presidente del Gobierno que haya herederos? ¿está planeando algún tipo de traba? También cabe preguntarse si es que el líder del PSOE cree que las herencias son un juego de suma cero , en las que, cuando aumenta el capital de los herederos disminuye el de los inquilinos. Resulta llamativo que en las dos Españas de Sánchez no existan los ciudadanos que se compran su propia vivienda con su esfuerzo y trabajo (ya sea para vivir o como inversión para alquilar). Tras escuchar las palabras de Sánchez, el abogado de Herencias.es , David Fernández, considera que la táctica del líder del PSOE es "la del globo sonda: decir una bestialidad para que cuando intervenga parcialmente en las herencias vía impuestos , la gente se vea aliviada". El letrado señala que para prohibir las herencias "Sánchez tendría que modificar el Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y no va a llegar hasta ahí". Fernández añade que "si se prohibieran las herencias, se dispararían las donaciones, ¿también prohibiría las donaciones? No tiene sentido". Montero quiere subir Sucesiones Cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tiene un especial interés recaudador sobre el legado de los fallecidos. Y es que, la socialista lleva clamando por subir Sucesiones en las regiones donde lo tienen más bajo desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía con el equipo de Susana Díaz. Hace unos meses, la socialista volvía a apostar por la "armonización fiscal" y, en concreto, por aumentar la tributación a las herencias en las regiones que tienen el Impuesto de Sucesiones más bajo o desaparecido, como Madrid o Andalucía. Ya lo ha hecho con Patrimonio, y todo apunta a que el siguiente paso será Sucesiones. Además, la de las herencias no es la única amenaza del Ejecutivo a los propietarios de vivienda en los últimos meses. En el marco del 41 Congreso Federal , el PSOE planteó una extensa batería de medidas económicas entre las que destacó la aplicación de "un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda ". De momento, no se conocen más detalles.
Por Ian Mateu 9 de abril de 2025
El conocido abogado mallorquín, Carlos Barceló , ha conseguido algo nada frecuente. Ha convencido al juzgado de Instrucción número 4 de Palma para proceder al desalojo exprés de un grupo de personas que había okupado una vivienda en la capital balear en tan solo diez días. Según ha podido saber OKBALEARES , ante el delito de usurpación de vivienda denunciado, el letrado remitió un escrito al juzgado interesando el desalojo «como medida cautelar». Y el juzgado, estimando la petición, ha ordenado el desalojo de las personas que se habían hecho fuertes en la vivienda. La petición de medidas cautelares apenas tiene precedentes en España y mucho menos con resultado exitoso. Barceló no ha llegado a utilizar la nueva legislación. Con la anterior le ha bastado para desalojar a los okupas.  Los propietarios de una vivienda de alto standing en una zona privilegiada de Palma denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, la okupación de la lujosa vivienda por un grupo indeterminado de personas formado por un matrimonio y otras personas que no han sido identificadas. Acto seguido, acudieron al despacho de Carlos Barceló para que llevara la tramitación judicial para conseguir su expulsión. Es algo para lo que normalmente la demora es de meses o años en los peores casos. Con lo que nadie contaba es que al abogado se le ocurriera pedir medidas cautelares el primer día que asumió el caso. A los diez días la policía, por mandato judicial, los expulsó de la vivienda. Baleares es una de las comunidades con más viviendas okupadas, según refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. En concreto, señala que el índice de ocupaciones en relación con el número de viviendas vacias por comunidades autónomas de las Islas es de 113. Desde el citado organismo explican que se ha tomado como base 100 para el conjunto de España, por lo que el peso de la ocupación sobre las viviendas vacías en las Islas es mayor que en el total nacional un 13 %. Se trata de «niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías», señalan desde el citado organismo . Baleares tiene actualmente un total de 518 viviendas en venta con okupas, lo que supone un 1,7% del total de inmuebles que hay a día de hoy en el mercado. La gran mayoría de ellas se encuentran en Palma, donde hasta 213 viviendas que se venden están okupadas (2,9%), según datos del cuarto trimestre del año pasado del portal inmobiliario Idealista. Se trata de un fenómeno que hace unos años era completamente inexistente en España y ahora las viviendas en venta con okupas suponen el 2,6% de la oferta en todo el país. Y es que este primer estudio revela que un total de 20.464 viviendas en venta de toda España reconocieron sufrir un proceso de okupación durante el cuarto trimestre de 2024. Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.
Por Ian Mateu 9 de abril de 2025
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