Los jueces de Barcelona lideran la rebelión antiokupa: el desconocido acuerdo que pone coto al decreto antidesahucios

Ian Mateu • 27 de marzo de 2025

Desbordados por la multitud de casos que se dan en Cataluña, los jueces de Barcelona lideran estos días la rebelión contra la impunidad okupa. Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordase que, a partir de ahora, cortar o dejar de pagar los suministros de los okupas de patada en la puerta no constituirá un delito de coacciones, los magistrados de la ciudad condal ponen coto a la temida inquiokupación, la modalidad que más ha crecido desde 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, a pesar del fin de la pandemia, ha sido prorrogado hasta en once ocasiones.


A tal fin, y según ha podido saber Libre Mercado, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma (punto 4), ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios. Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces.



Lo que dice el acuerdo

"La prórroga de la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 prevista en el Real .Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no excluye la posibilidad de verificar que subsisten los requisitos que determinaron que se otorgara en su momento", esgrime el mencionado acuerdo al que ha tenido acceso LD.


El documento en cuestión justifica tal decisión alegando que "dado que los documentos e informes de servicios sociales que pudieron determinar la previa suspensión acreditaron la concurrencia de los requisitos habilitantes para la misma en un momento anterior, nada obsta a que deban ser actualizados en el momento de decidir sobre la prórroga de la suspensión, máxime cuando dichos documentos tienen una vigencia temporal limitada".



Lo que opinan los expertos

"Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo para exigir que esos inquiokupas tengan que justificar que siguen reuniendo los requisitos de vulnerabilidad, por eso es tan importante", subraya José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario.


Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo, por eso es tan importante

El letrado considera que los jueces de Barcelona han asumido el liderazgo de la rebelión antiokupa, también con el tema de los suministros, por una razón muy sencilla: "Prácticamente, el 50% de la okupación que hay en España está en Cataluña y hay jueces que pueden hacer hasta 25 o 30 sentencias semanales en materia de okupación, con lo que es evidente que marcan tendencia, pero, tal y como están las cosas, esto va a ir a más en todas las comunidades, así que yo espero que este tipo de acuerdos se vayan extrapolando".



Lo que desean las víctimas

Lo mismo desean desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recuerda que, aunque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que revisar los requisitos de vulnerabilidad con cada prórroga y debería sentar jurisprudencia (STS 1417/2024), la realidad es que muchos jueces siguen sin hacerlo.

Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo



"Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, tanto por registro en el Ayuntamiento, como informando a sus abogados para que lo reclamen al juez —apunta Bravo—, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo".


Por Ian Mateu 15 de abril de 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto en su punto de mira a herencias y a herederos . El pasado lunes, el líder del PSOE compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda , aunque una parte de su discurso se lo dedicó a las casas que los padres legan a sus hijos tras su fallecimiento. En plena escalada de precios de la vivienda y tras 6 años de mandato, Sánchez presentó 12 medidas inmobiliarias para intentar solucionar un problema causado, principalmente, por la falta de oferta . Sin embargo, el plan de Sánchez gira en torno a más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas liberticidas, lo que no augura ninguna solución.  Amenaza velada a las herencias Dentro de sus propuestas relativas a la vivienda, en el discurso de Sánchez llamaron la atención unas declaraciones que ya han sido interpretadas como una amenaza velada a los herencias. "Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales, económicas y políticas que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas" señaló Sánchez. "Y si no lo hacemos, la sociedad europea y española va a acabar dividida en dos clases de personas: las que reciben una o varias casas de sus padres , y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a formarse o viajar, y las que se pasan la vida trabajando para pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven" añadió. Alrededor de esta reflexión de Sánchez surgen numerosas incógnitas. Las principales son ¿cómo piensa evitar el presidente del Gobierno que haya herederos? ¿está planeando algún tipo de traba? También cabe preguntarse si es que el líder del PSOE cree que las herencias son un juego de suma cero , en las que, cuando aumenta el capital de los herederos disminuye el de los inquilinos. Resulta llamativo que en las dos Españas de Sánchez no existan los ciudadanos que se compran su propia vivienda con su esfuerzo y trabajo (ya sea para vivir o como inversión para alquilar). Tras escuchar las palabras de Sánchez, el abogado de Herencias.es , David Fernández, considera que la táctica del líder del PSOE es "la del globo sonda: decir una bestialidad para que cuando intervenga parcialmente en las herencias vía impuestos , la gente se vea aliviada". El letrado señala que para prohibir las herencias "Sánchez tendría que modificar el Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y no va a llegar hasta ahí". Fernández añade que "si se prohibieran las herencias, se dispararían las donaciones, ¿también prohibiría las donaciones? No tiene sentido". Montero quiere subir Sucesiones Cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tiene un especial interés recaudador sobre el legado de los fallecidos. Y es que, la socialista lleva clamando por subir Sucesiones en las regiones donde lo tienen más bajo desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía con el equipo de Susana Díaz. Hace unos meses, la socialista volvía a apostar por la "armonización fiscal" y, en concreto, por aumentar la tributación a las herencias en las regiones que tienen el Impuesto de Sucesiones más bajo o desaparecido, como Madrid o Andalucía. Ya lo ha hecho con Patrimonio, y todo apunta a que el siguiente paso será Sucesiones. Además, la de las herencias no es la única amenaza del Ejecutivo a los propietarios de vivienda en los últimos meses. En el marco del 41 Congreso Federal , el PSOE planteó una extensa batería de medidas económicas entre las que destacó la aplicación de "un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda ". De momento, no se conocen más detalles.
Por Ian Mateu 9 de abril de 2025
El conocido abogado mallorquín, Carlos Barceló , ha conseguido algo nada frecuente. Ha convencido al juzgado de Instrucción número 4 de Palma para proceder al desalojo exprés de un grupo de personas que había okupado una vivienda en la capital balear en tan solo diez días. Según ha podido saber OKBALEARES , ante el delito de usurpación de vivienda denunciado, el letrado remitió un escrito al juzgado interesando el desalojo «como medida cautelar». Y el juzgado, estimando la petición, ha ordenado el desalojo de las personas que se habían hecho fuertes en la vivienda. La petición de medidas cautelares apenas tiene precedentes en España y mucho menos con resultado exitoso. Barceló no ha llegado a utilizar la nueva legislación. Con la anterior le ha bastado para desalojar a los okupas.  Los propietarios de una vivienda de alto standing en una zona privilegiada de Palma denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, la okupación de la lujosa vivienda por un grupo indeterminado de personas formado por un matrimonio y otras personas que no han sido identificadas. Acto seguido, acudieron al despacho de Carlos Barceló para que llevara la tramitación judicial para conseguir su expulsión. Es algo para lo que normalmente la demora es de meses o años en los peores casos. Con lo que nadie contaba es que al abogado se le ocurriera pedir medidas cautelares el primer día que asumió el caso. A los diez días la policía, por mandato judicial, los expulsó de la vivienda. Baleares es una de las comunidades con más viviendas okupadas, según refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. En concreto, señala que el índice de ocupaciones en relación con el número de viviendas vacias por comunidades autónomas de las Islas es de 113. Desde el citado organismo explican que se ha tomado como base 100 para el conjunto de España, por lo que el peso de la ocupación sobre las viviendas vacías en las Islas es mayor que en el total nacional un 13 %. Se trata de «niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías», señalan desde el citado organismo . Baleares tiene actualmente un total de 518 viviendas en venta con okupas, lo que supone un 1,7% del total de inmuebles que hay a día de hoy en el mercado. La gran mayoría de ellas se encuentran en Palma, donde hasta 213 viviendas que se venden están okupadas (2,9%), según datos del cuarto trimestre del año pasado del portal inmobiliario Idealista. Se trata de un fenómeno que hace unos años era completamente inexistente en España y ahora las viviendas en venta con okupas suponen el 2,6% de la oferta en todo el país. Y es que este primer estudio revela que un total de 20.464 viviendas en venta de toda España reconocieron sufrir un proceso de okupación durante el cuarto trimestre de 2024. Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.
Por Ian Mateu 9 de abril de 2025
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