Ser propietario inmobiliario en España es un “derecho adquirido”; es decir, se hacen necesarias una serie de formalidades y acciones tasadas para convertirse en titular legítimo del bien como, por ejemplo: pagar un precio, abonar impuestos, tasas, aranceles, etc…
Una vez cumplidas todas estas obligaciones, mayoritariamente tributarias, los propietarios entendemos que - a partir de ahí -comienza una etapa de mejora de nuestras condiciones de vida, ya sea por el uso y disfrute, directo o indirecto, de nuestra legítima propiedad adquirida. Nada más lejos de la realidad.
La propiedad privada sufre, desde hace años, una permanente erosión y descrédito. Los propietarios nos hemos convertido - sin saberlo - en la diana fácil de todas las administraciones públicas incapaces de resolver el conflicto poblacional y habitacional que asola nuestro país.
Indefensos y desprotegidos frente a la mal llamada OKUPACIÓN ILEGAL, observamos desolados como se nos priva de nuestro bien más preciado mientras nos obligan a pagar el IBI, el canon de agua, el suministro eléctrico, los derechos de acometidas, las tasas de incineración y toda suerte de gasto que permita al OKUPA vivir “dignamente y a cuerpo de Rey” en una vivienda sobre la que por Derecho no tiene ningún derecho.
La inclusión de términos vagos como “VULNERABLE “ o “FLAGRANCIA” en nuestro ordenamiento jurídico a través de “normas secundarias” por encima de la propia Constitución, el Código Civil, el Código Penal y sus respectivas normas de enjuiciamiento procesal han invertido la balanza hasta tal punto que son los OKUPAS ILEGALES quienes ostentan todos los derechos mientras que, atónitos y desesperados, los propietarios nos vemos forzados asumir todas la obligacionesque para mayor escarnio resultan mayoritariamente tributarias, a pesar de traer causa de la nefasta gestión social de la propia Administración pública.
En pleno proceso de incremento de todos y cada uno de tributos, cánones y tasas asociadas a la propiedad inmobiliaria, el Ejecutivo acaba de anunciar que – bajo la falsa apariencia de la futura y ya cuestionada constitución de una gran empresa pública de vivienda -eso sí, sin competencias directas, ni suelo ni presupuesto – la gran solución al problema es IMPONER NUEVOS IMPUESTOS A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS, como si ser propietario fuera un delito.
Igualmente, de forma traicionera y opaca, mediante la disposición FINAL SÉPTIMA del último paquete fiscal aprobado con la excusa de gravar a las empresas energéticas y a la Banca, han “colado” al común de los ciudadanos propietarios, sin anuncio ni propuesta que, van a pagar el 30% por ciento de su ganancia patrimonialpor venta del inmueble, a la que por supuesto hay que sumar el pago de la Plusvalía municipal y otros gastos…¿Impuesto o confiscación?
Bajo todos estos motivos, y al igual que la Banca y las empresas energéticas consideramos imprescindible denunciar el expolio y la confiscación permanente a la que estamos sometidos los propietarios inmobiliarios, por lo que si compartes estos argumentos te invitamos a sumarte a nuestra plataforma:
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