El caso de los okupas de Viladecans que ha generado un intenso debate en el Parlament

Vox trajo esta semana a la Comisión de Interior del Parlament una propuesta de resolución para echar a los okupas del Casino de Albarrosa en Viladecans. Los vecinos llevan años sufriendo agresiones, robos y amenazas de muerte por parte de los okupas. La propuesta no prosperó por el voto en contra de todos los partidos excepto Vox y PP.
El caso de los okupas de Viladecans ha generado un intenso debate en el Parlament, donde han quedado fijadas las posiciones de los partidos ante el problema de la okupación.
Vox presentó la propuesta de resolución como “un grito de auxilio” de los vecinos del barrio de Albarrosa en Viladecans. El Casino había sido la sede social de los vecinos y desde 2019 ha sido objeto de varias okupaciones. La situación se complicó en 2023 con la entrada de un grupo de delincuentes con antecedentes que hacen la vida imposible a los vecinos.
Desde Vox denuncian “amenazas, insalubridad, robos y consumo de drogas en la vía pública” que han generado una “situación insostenible”. Por eso pidió que el Parlament instara a dar las órdenes oportunas para el inmediato desalojo del edificio. También que se negociara con la SAREB la cesión del espacio al ayuntamiento para darle un uso social.
El calvario de los vecinos
Los actuales okupas tienen atemorizados a los vecinos con peleas y agresiones continuas. Lo peor es que las denuncias van siempre acompañadas de amenazas. En una ocasión llegaron a disparar contra la puerta de la vivienda de un vecino que les había denunciado.
También han agredido a vecinos con ladrillos y botellas de cristal, además de tener que sufrir robos a diario y fiestas a altas horas de la madrugada. Lo peor para los afectados es la sensación de abandono por parte de la administración, y de unos cuerpos policiales que ya dan la batalla por perdida. Ahora el Parlament también les ha dado la espalda.
ERC pide soluciones para los okupas
Junts calificó la okupación como “una violación de la ley y un atentado contra la propiedad privada”. Recordó que las okupaciones “generan alarma social, problemas de convivencia y sensación de impunidad”. Así mismo, puso en el mismo nivel el derecho a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada.
En Junts aseguran estar liderando una ofensiva legal para recuperar las viviendas okupadas ilegalmente. Por ejemplo, proponiendo que el juez ordene el desalojo inmediato si los ocupantes no acreditan estar en disposición de un título legítimo.
Pero pidieron a Vox “que no nos hagan propuestas ni pretendan enseñarnos cómo se hacen las cosas”. Justificaron su voto en contra porque “no daremos la mano a grupos de extrema derecha que no buscan soluciones sino hacer bandera de la inseguridad para sembrar odio entre la población”.
ERC se opuso también a la propuesta porque “el desalojo no garantiza la seguridad y los derechos de todas las personas implicadas”. Según los republicanos, “podría agravar la situación y provocar más conflictos en la zona”. Además pidieron “un trato más integrador” con “alternativas habitacionales y sociales para las personas que viven en este espacio”.

